De izquierda a derecha, César
Alierta (Telefónica), Kim Faura (Telefónica Catalunya),
Artur Mas
(Generalitat) y Xavier Trias (Ajuntament de BCN)
El Ministerio público analiza
delitos de connivencia, alteración de precios y tráfico de influencias
entre altos funcionarios y directivos de una filial de la operadora.
Afectan al CTTI y al CST, de la Generalitat, y a la Diputación de
Barcelona entre 2008 y 2012
26/11/2012
21:21
La empresa Telefónica Soluciones de Informática y Telecomunicaciones (filial de Telefónica, empresa que preside César Alierta), el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) y la Diputación de Barcelona
están implicados en una investigación por supuesta incompatibilidad,
tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, pactos
colusorios y alteración de precios en concursos y subastas. La
investigación corresponde a dos periodos políticos, el del Gobierno
tripartito presidido por José Montilla y el último que ha dirigido Artur
Mas.
La Fiscalía de Barcelona ha recibido un detallado informe elaborado por la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) en el que se aprecian indicios delictivos diversos en cinco operaciones realizadas entre la empresa de telefonía y comunicaciones y las administraciones públicas implicadas. El fiscal jefe de Catalunya, Martín Rodríguez, deberá decidir ahora si traslada esa denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, a la de Delitos Económicos o si investiga directamente.
Trato de favor durante 5 años
Las operaciones que revisten el carácter supuestamente delictivo se han detectado entre los años 2008 a 2012. Tras examinar una abundante documentación y proceder a su autentificación, la institución encargada de la lucha contra el fraude en el sector público catalán ha trasladado las conclusiones de su análisis al Ministerio Público para que continúe el trámite judicial.
Una de las irregularidades evaluadas tuvo lugar en 2009, cuando se constató una eventual alteración de una oferta presentada por Telefónica en el proceso de licitación de una aplicación informática destinada a la gestión de la ley de protección de datos en la Generalitat de Catalunya. Según los análisis que la OAC ha trasladado a la Fiscalía se habría producido una alteración de la oferta (en lo relativo a los precios) de la multinacional una vez presentada al concurso, en connivencia con altos funcionarios del CTTI y con el objeto de que resultara adjudicataria.
Filtración de documentos
La Fiscalía también deberá analizar la filtración desde la Diputación de Barcelona a la filial de Telefónica del pliego de cláusulas de un concurso para el mantenimiento y administración de los sistemas de seguridad informática de la corporación local. Esa irregularidad se habría producido antes de abrirse la licitación oficial de los servicios. El valor de este contrato, adjudicado en 2012, asciende a 274.200 euros.
En 2008, y de acuerdo con los hechos que ya conoce la Fiscalía desde ayer, Telefónica facturó a la administración catalana una serie de trabajos que le habían sido adjudicados pero que no se habrían realizado, por lo que han sido incorporados como otras irregularidades al mismo expediente.
Los 'contratos del siglo'
De igual manera, la Fiscalía deberá pronunciarse con respecto a presuntas connivencias entre Telefónica y altos cargos de la administración autonómica al objeto de que el grupo de telefonía resultara adjudicatario de una parte sustancial de los millonarios contratos de tecnologías de la información que el pasado verano fueron resueltos después de un proceso de diálogo competitivo en el que participaron las principales multinacionales del sector. Telefónica obtuvo concesiones que superan los 500 millones de euros.
Uno de los asuntos en los que el informe presenta mayores evidencias de connivencia entre la operadora y altos cargos públicos es en la elaboración de los pliegos de cláusulas para licitar los servicios TIC del Consorci Sanitari de Terrassa (entidad pública de la Generalitat y el Ayuntamiento de Terrassa), del que resultó adjudicatario Telefónica, y en los que habrían participado responsables de la empresa. El contrato alcanzó un valor de 2,2 millones de euros.
La Fiscalía de Barcelona ha recibido un detallado informe elaborado por la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) en el que se aprecian indicios delictivos diversos en cinco operaciones realizadas entre la empresa de telefonía y comunicaciones y las administraciones públicas implicadas. El fiscal jefe de Catalunya, Martín Rodríguez, deberá decidir ahora si traslada esa denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, a la de Delitos Económicos o si investiga directamente.
Trato de favor durante 5 años
Las operaciones que revisten el carácter supuestamente delictivo se han detectado entre los años 2008 a 2012. Tras examinar una abundante documentación y proceder a su autentificación, la institución encargada de la lucha contra el fraude en el sector público catalán ha trasladado las conclusiones de su análisis al Ministerio Público para que continúe el trámite judicial.
Una de las irregularidades evaluadas tuvo lugar en 2009, cuando se constató una eventual alteración de una oferta presentada por Telefónica en el proceso de licitación de una aplicación informática destinada a la gestión de la ley de protección de datos en la Generalitat de Catalunya. Según los análisis que la OAC ha trasladado a la Fiscalía se habría producido una alteración de la oferta (en lo relativo a los precios) de la multinacional una vez presentada al concurso, en connivencia con altos funcionarios del CTTI y con el objeto de que resultara adjudicataria.
Filtración de documentos
La Fiscalía también deberá analizar la filtración desde la Diputación de Barcelona a la filial de Telefónica del pliego de cláusulas de un concurso para el mantenimiento y administración de los sistemas de seguridad informática de la corporación local. Esa irregularidad se habría producido antes de abrirse la licitación oficial de los servicios. El valor de este contrato, adjudicado en 2012, asciende a 274.200 euros.
En 2008, y de acuerdo con los hechos que ya conoce la Fiscalía desde ayer, Telefónica facturó a la administración catalana una serie de trabajos que le habían sido adjudicados pero que no se habrían realizado, por lo que han sido incorporados como otras irregularidades al mismo expediente.
Los 'contratos del siglo'
De igual manera, la Fiscalía deberá pronunciarse con respecto a presuntas connivencias entre Telefónica y altos cargos de la administración autonómica al objeto de que el grupo de telefonía resultara adjudicatario de una parte sustancial de los millonarios contratos de tecnologías de la información que el pasado verano fueron resueltos después de un proceso de diálogo competitivo en el que participaron las principales multinacionales del sector. Telefónica obtuvo concesiones que superan los 500 millones de euros.
Uno de los asuntos en los que el informe presenta mayores evidencias de connivencia entre la operadora y altos cargos públicos es en la elaboración de los pliegos de cláusulas para licitar los servicios TIC del Consorci Sanitari de Terrassa (entidad pública de la Generalitat y el Ayuntamiento de Terrassa), del que resultó adjudicatario Telefónica, y en los que habrían participado responsables de la empresa. El contrato alcanzó un valor de 2,2 millones de euros.
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