La empresa Telefónica Soluciones de Informática y Telecomunicaciones (filial de
Telefónica, empresa que preside César Alierta), el
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), el
Consorci Sanitari de Terrassa (CST) y la
Diputación de Barcelona
están implicados en una investigación por supuesta incompatibilidad,
tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, pactos
colusorios y alteración de precios en concursos y subastas. La
investigación corresponde a dos periodos políticos, el del Gobierno
tripartito presidido por José Montilla y el último que ha dirigido Artur
Mas.
La Fiscalía de Barcelona ha recibido un detallado informe elaborado por la
Oficina Antifraude de Catalunya
(OAC) en el que se aprecian indicios delictivos diversos en cinco
operaciones realizadas entre la empresa de telefonía y comunicaciones y
las administraciones públicas implicadas. El fiscal jefe de Catalunya,
Martín Rodríguez, deberá decidir ahora si traslada esa denuncia a la
Fiscalía Anticorrupción, a la de Delitos Económicos o si investiga
directamente.
Trato de favor durante 5 años
Las operaciones que revisten el carácter supuestamente delictivo se han
detectado entre los años 2008 a 2012. Tras examinar una abundante
documentación y proceder a su autentificación, la institución encargada
de la lucha contra el fraude en el sector público catalán ha trasladado
las conclusiones de su análisis al Ministerio Público para que continúe
el trámite judicial.
Una de las irregularidades evaluadas tuvo lugar en 2009, cuando se
constató una eventual alteración de una oferta presentada por Telefónica
en el proceso de licitación de una aplicación informática destinada a
la gestión de la ley de protección de datos en la Generalitat de
Catalunya. Según los análisis que la OAC ha trasladado a la Fiscalía se
habría producido una alteración de la oferta (en lo relativo a los
precios) de la multinacional una vez presentada al concurso, en
connivencia con altos funcionarios del CTTI y con el objeto de que
resultara adjudicataria.
Filtración de documentos
La Fiscalía también deberá analizar la filtración desde la Diputación de
Barcelona a la filial de Telefónica del pliego de cláusulas de un
concurso para el mantenimiento y administración de los sistemas de
seguridad informática de la corporación local. Esa irregularidad se
habría producido antes de abrirse la licitación oficial de los
servicios. El valor de este contrato, adjudicado en 2012, asciende a
274.200 euros.
En 2008, y de acuerdo con los hechos que ya conoce la Fiscalía desde
ayer, Telefónica facturó a la administración catalana una serie de
trabajos que le habían sido adjudicados pero que no se habrían
realizado, por lo que han sido incorporados como otras irregularidades
al mismo expediente.
Los 'contratos del siglo'
De igual manera, la Fiscalía deberá pronunciarse con respecto a
presuntas connivencias entre Telefónica y altos cargos de la
administración autonómica al objeto de que el grupo de telefonía
resultara adjudicatario de una parte sustancial de los millonarios
contratos de tecnologías de la información que el pasado verano fueron
resueltos después de un proceso de diálogo competitivo en el que
participaron las principales multinacionales del sector. Telefónica
obtuvo concesiones que superan los
500 millones de euros.
Uno de los asuntos en los que el informe presenta mayores evidencias de
connivencia entre la operadora y altos cargos públicos es en la
elaboración de los pliegos de cláusulas para licitar los servicios TIC
del Consorci Sanitari de Terrassa (entidad pública de la Generalitat y
el Ayuntamiento de Terrassa), del que resultó adjudicatario Telefónica, y
en los que habrían participado responsables de la empresa. El contrato
alcanzó un valor de 2,2 millones de euros.
